El progreso científico y técnico es uno de los bienes de nuestras sociedades, pero no es el único bien, y ha de armonizarse con otros intereses sociales. De ahí deriva la necesidad de regulaciones que tengan en cuenta los diferentes intereses y actores sociales. Pero es que las mismas regulaciones tienen como objetivo el propio avance del conocimiento, más aún en una civilización como la nuestra, cuyo bienestar y economía depende ampliamente de él. Por otro lado, las empresas desean contar con un marco jurídico estable y seguro que les permita realizar decisiones de inversión en investigación y desarrollo (I+D), incluyendo la rentabilización de sus resultados.